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Durante los años noventa y durante la primera década del siglo XXI, a las tradicionales preocupaciones del Estado mexicano (construcción de un régimen político con calidad democrática; superación de la pobreza; redistribución del ingreso para logar una disminución de la brecha entre ricos y pobres; transparencia y rendición de cuentas en el actuar gubernamental) ha venido a sumarse una más: contar con un mínimo de seguridad bienes de sus ciudadanos. Paradójicamente, con la llegada de gobiernos más democráticos en los distintos órdenes de gobierno, en lugar de disminuir, la violencia se generalizó como un fenómeno social ejercido por individuos que no actúan en nombre del Estado, sino para beneficio personal. Hoy, la seguridad pública es la principal responsabilidad que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Parece que en la actualidad el gobierno mexicano ha sido incapaz de cumplir con ésta tarea al haber sido rebasado por la criminalidad, ya que tanto en las grandes urbes, como en las pequeñas localidades, problemas como el aumento en la violencia, el narcotráfico y otros lastres sociales, hacen poco factible que los gobiernos brinden tan importante servicio público.