Description

Grandes proyectos extractivos se ubican en áreas sensibles ecológica y socialmente, como las áreas protegidas. La búsqueda de respuesta lleva a la construcción de coaliciones que fortalecen posicionamientos y demandas frente al poder. En Ecuador, el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT para mantener el crudo en tierra, y la campaña para la incorporación de condiciones socio-ambientales para el desarrollo del proy. Camisea, en Perú, fueron promovidas desde la sociedad civil y luego adoptadas como compromisos propios por los Estados. La aplicación de las normativas para la conservación y la protección de los pueblos es deficiente en la regulación de las act. relacionadas a la extracción de recursos en la Amazonía. La posibilidad de mantener un control y vigilancia estricta de las zonas protegidas, se difumina ante la reducida asignación financiera para la aplicación de la normativa y políticas de conservación y protección de los pueblos. La situación de las áreas protegidas y los pueblos en aislamiento voluntario frente a la act. extractiva es de vulnerabilidad. Los actores de la soc. civil están llamados a vigilar, controlar y exigir el buen funcionamiento de la normativa vigente.