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La nueva constitución política de Colombia, que fuera expedida en el año de 1991, fue reformada mediante el acto legislativo 003 del año 2002, el que implementó en nuestro país un nuevo sistema de juzgamiento, denominado sistema penal acusatorio, allí introdujo nuevas instituciones, una de ellas, el principio de oportunidad, como una facultad del estado para suspender, interrumpir y renunciar a la persecución penal, dentro del marco de la política criminal del estado. Se ha considerado que este principio de oportunidad se opone al principio de legalidad, como quiera que este último impone al estado la obligatoriedad de adelantar las investigaciones penales, cuando tenga conocimiento de la posible comisión de un delito. Esta nueva institución se convierte en una herramienta muy importante en la iniciación de los procesos de paz que tanto necesita nuestro país, pues permite a los intervinientes, dar solución al conflicto planteado, otorgando a las partes la posibilidad de procurar una pronta y cumplida justicia.